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Canaria. Pena de prisión a los dueños de un  machacadora ilegal

Los propietarios de una empresa de machaqueo de áridos que operaba tras el antiguo parque de atracciones Tivoli sin licencia han sido condenados por el Juzgado a dos años de prisión como autores de un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas notificó en pasados días la sentencia que impone sendas condenas de dos años de prisión a los titulares de la entidad Hermanos Medina S.L., Pedro Damián Medina García y Pedro Medina Díaz 'padre e hijo' como autores de un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia.

El fallo, al que ha tenido acceso este periódico, considera probado que desde principios de 2004 los acusados montaron una empresa dedicada a la trituración, machaqueo y clasificación de áridos en la zona denominada Hoya del Parral, en la trasera de lo que en su momento fue el parque empresarial Tívoli en la capital grancanaria «sin contar con todos los permisos y licencias necesarias para ello y, muy especialmente, sin la licencia municipal correspondiente para la apertura de dicha actividad industrial, y ello dada la previa denegación de la pertinente calificación territorial» que debía certificar el Cabildo.

La empresa, detalla la sentencia, llevaba a cabo su actividad en suelo rústico de protección paisajística y en suelo rústico de protección de infraestructuras, «por lo que era preciso un previo plan de actuación territorial que nunca fue aprobado».
El fallo recuerda que la actividad ilícita de la machacadora fue objeto de repetidas denuncias por parte de agente del Seprona y de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Estas denuncias, presentadas entre junio y julio de 2004, dieron lugar a que el director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y NATURAL (Apmun) ordenara la paralización y precinto de la industria con el apercibimiento a los acusados de que en caso de incumplir estas disposiciones incurrirían en delito de desobediencia.

A pesar de que la plata estaba precintada, los acusados, «con el más elemental desprecio hacia todo principio de autoridad, continuaron con la extracción de áridos».
La empresa fue precintada nuevamente en enero de 2006, pero los acusados «lejos de cumplir con los mandatos emanados de la autoridad competente continuaron con la actividad de su empresa.

El 10 de mayo de 2006 agentes del Seprona constataron que habían vuelto a vulnerar el precinto y procedieron a la detención de los ahora condenados.

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